Declaración conjunta de España 2000 y Frente Nacional. Sobre la reforma de la Ley de Extranjería

Una reforma inútil para una ley nefasta realizada de espaldas a la realidad

A todos los españoles:

La reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el congreso con los votos del PSOE y de la derecha nacionalista (CiU, PNV, CC) supone, una vez más, la aprobación de un texto en el que las obsesiones pro–inmigracionistas del zapaterismo se coaligan con la ambición autonómicas de aquilatar más competencias en no importa qué materias… aunque no sirvan absolutamente para nada.

El pueblo español, la Nación española y el Estado español durante 15 años han permanecido de espaldas a la realidad del fenómeno migratoria y han acumulado un problema que en estos momentos se encuentra enquistado:

- El Pueblo español experimenta dramáticamente en su propia piel la llegada de 6.500.000 de inmigrantes entre 1996 y 2009 que han aumentado desmesuradamente la oferta de trabajo provocando disminuciones salariales y caída en la calidad de los
servicios.
- La Nación española experimenta una pérdida creciente de identidad a causa del concepto de multiculturalismo y la “integración” (mantenimiento de la identidad del inmigrante, frente a “asimilación” o asunción de la identidad nacional por parte del inmigrante) promovida por el gobierno.
- El Estado español experimenta la carga insoportable de un colectivo de inmigrantes ultrasubvencionado que está lastrando la sanidad, la educación, la justicia, las prisiones, la asistencia social y todos los servicios públicos.

Ni la reforma de la Ley de Extranjería de 1999 (promovida por el PSOE y votada por todos los partidos, salvo por el PP), ni la reforma de 2000 (votada por el PP con el apoyo de CiU), ni la reforma de 2005 (propuesta por el zapaterismo y que llevó a la regularización masiva de febrero–mayo de ese año), supusieron reformas realizadas siempre de espaldas a la realidad y que generaron a partir de 1999 un “efecto llamada” continuado y que se fue acrecentando entre 1999 y 2007 año en el que la inmigración empezó a disminuir su ritmo de llegada.

En estos momentos y en plena crisis económica, en un caos absoluto del mercado laboral, los inmigrantes siguen llegando(600.000 en 2007 cuando empezó la crisis, 400.000 en 2008 cuando el mercado laboral se desplomaba, 200.000 en 2009 con el mercado laboral en caída en picado) y suponen globalmente el primer gasto de las cuestas públicas:

- El paro no es la primera partida en gasto del Estado, sino la inmigración que recibe mucho más de lo que entrega.
- La inmigración ha aportado grandes beneficios al sector de hostelería y al sector de la construcción, pero ha supuesto desde 1996 un lastre para las cuentas del Estado: ha beneficiado a unos pocos y perjudicado a la comunidad nacional.
- La inmigración ha contribuido a que aumentara artificialmente el consumo entre 1998 y 2007 y, por tanto aumentara el PIB, pero no ha creado riqueza ¡Cómo no iba aumentar el PIB si la población adulta aumentó a razón de 600.000 inmigrantes/año!

Por todo ello, cuando empezó el estallido de la burbuja inmobiliaria se descubrió la realidad de la ficción que se había vivido: la inmigración no generaba “riqueza” sino que
1) abarataba el coste de la mano de obra aumentando los beneficios patronales.
2) generaba un crecimiento económico ficticio y un culto fetichista hacia el PIB.
3) confirmaba el error de basar el crecimiento económico en construcción y hostelería (que absorbieron más del 65% de la mano de obra inmigrante)
4) finalmente, cuando sobrevino la crisis nos encontramos con 6.500.000 de inmigrantes, de los que cotizan a la seguridad únicamente 1.450.000, viviendo casi 3.500.000 de la caridad pública.

Ni la reforma de la Ley de Extranjería en 1999 (realizada bajo el signo del “papeles para todos”), ni la reforma de 2000 (aprobada por el PP pero que jamás se aplicó), ni mucho menos la de 2005 (que estableció la figura de la “regularización por arraigo” y facilitó la “reagrupación familiar”), sirvieron para otra cosa que para agravar más y más el fenómeno… pero pasaron casi desapercibidas por el período de
auge económico ficticio que se vivía.

Ahora, esta reforma aprobada por el PSOE+nacionalistas, en plena debacle económica supone una reedición de esta tendencia a legislar permaneciendo fuera de la realidad: hoy, la única manera de abordar de manera sensata y coherente el problema de la inmigración es estableciendo canales y medios, no sólo para contener los flujos migratorios que siguen llegando (en la España en crisis se “está mejor” que en cualquier país del tercer mundo…) sino para abordar cómo repatriar a los excedentes de inmigración que han ido llegando a partir de 2000.

I. La Directiva Europea de Inmigración

En 2007 se aprobó la Directiva Europea sobre Inmigración, llamada también abusivamente “Directiva del Retorno”. Las directivas no son de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros de la UE, pero se establecen para indicar “cauces” por los que deberían discurrir las legislaciones nacionales. Se había empezado a hablar de la necesidad de esta directiva a principios de los años 80, sin embargo, la
lentitud proverbial del Parlamento Europeo la retrasó más de veinte años. Cuando la directiva estaba lista solamente el gobierno español, el gobierno Zapatero, se opuso e introdujo modificaciones significativas.

Básicamente esta directiva sugería prolongar los plazos de internamiento a seis meses antes de proceder a la repatriación pudiendo llegar hasta dieciocho meses en casos excepcionales y si existían problemas de identificación. Todo inmigrante ilegal que sea repatriado tendrá una prohibición de cinco años de regresar al territorio de la Unión. El resto del documento se refiere a medidas de asistencia jurídica gratuita.

En la actualidad los 27 países de la UE no fijan límites temporales para la retención de ilegales. Cuando es detenido un ilegal –especialmente subsaharianos y magrebíes– si no lleva ninguna documentación encima y se niega a decir cuál es su nacionalidad, no es posible repatriarlo al país de origen y, tras el período de retención –que en España era hasta ahora de cuarenta días– el ilegal termina siendo puesto en libertad. Desde hacía treinta años la práctica de ocultar la nacionalidad se ha convertido en habitual entre ilegales y, además, la directiva no vino acompañada de otras medidas complementarias4, por lo que prolongar la retención de 40días a 18 meses no varía mucho la situación… sobre todo cuando al término de este plazo el resultado será el mismo.

Francia promovió esta medida que ha sido apoyada por casi todos los gobiernos europeos… salvo por Zapatero. Francia pretendía evitar también que la inmigración legal pudiera desplazarse de un país a otro de la Unión y propuso que solamente lo haga mediante visados. ¿Por qué? Es fácil entenderlo: España se ha configurado como el país a través del cual se entra más fácilmente en la UE y, para colmo, los pasos pirenaicos y su descontrol hacen que diariamente decenas de ilegales africanos se internen en Francia. La crisis económica que ya en 2008 se preveía dura para España, podía acarrear que decenas de miles de legales e ilegales hasta ahora residentes en España pasaran a Francia. Dicho de otra manera: la Directiva de Retorno es, sobre todo, una directiva contra la política de inmigración que ZP tuvo a gala en
su primera legislatura.

Inicialmente, la Directiva Europea preveía prohibir en todo el territorio de la Unión las regularizaciones masivas en una clara referencia a la regularización provocada por el gobierno español en 2005. Desde el principio el negociador español Diego López Garrido dejó claro que España se oponía a la prohibición de “regularizaciones masivas” alegando que “no podemos atarnos las manos para cuando se reactive el mercado de trabajo”… es decir, que ¡en la óptica del zapaterismo se realizarán todas las regularizaciones masivas que sean necesarias! Y este fue el único punto en el que el gobierno español permaneció firme defendiendo sus posiciones.

Esta claro, pues, que el gobierno Zapatero no se solidarizaba con la Directiva Europea: la firmó porque no tenía más remedio que hacerlo al ser el único gobierno que no lo había hecho, pero una vez aprobada, se preocupó de boicotearla y de legislar en contra, tal como demuestra la actual reforma de la Ley de Extranjería.

II. Lo que implica la nueva reforma de la Ley de Extranjería

En principio, se suponía que a la hora de redactar una reforma de la legislación sobre extranjería, el gobierno español tendría en consideración lo negociado y aprobado en la Directiva Europea del Retorno. No ha sido así: la reforma demuestra solamente la inconsciencia del gobierno Zapatero y su frivolidad a la hora de tratar temas de gran calado.

¿En qué consisten las modificaciones aportadas en esta reforma?

– El blindaje de competencias por parte de la Generalitat de Catalunya.– La Generalitat (a cambio de los votos de CiU) ha conseguido el blindaje de las competencias autonómicas sobre inmigración, que permitirá a la Generalitat de Cataluña la autorización inicial de permisos de trabajo y de residencia en su territorio, así como su participación en la política general de inmigración, como viene recogido en su Estatuto de Autonomía.

Esto implica dejar en manos de la Generalitat de Catalunya la política de inmigración en aquella autonomía, con lo que se rompe de manera innecesaria y peligrosa la necesaria unidad y criterios para establecer políticas de inmigración a nivel nacional e incluso europeo. La Generalitat tendrá especialmente la potestad de renovar el permiso de residencia temporal según criterios propios.

– La cuestión de la “integración”.- Las comunidades autónomas podrán valorar mediante informe la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio en casos de regularización por arraigo. En el informe se valorará especialmente el «esfuerzo de integración» cultural y social de los extranjeros… dicho de otra manera, se valorará más el conocimiento del catalán, el gallego o el euskera a la hora de regularizar que el conocimiento de la legislación
española.

Esto implica romper los criterios de “integración” y el que cada Comunidad Autónoma
establezca los suyos propios, generando desequilibrios interiores y concentrando la inmigración en aquellas comunidades autónomas mas “laxas” en la materia. Sin olvidar que el concepto “integración” es extremadamente ambiguo y se presta a todo tipo de interpretaciones. Esta medida, además, contribuye a “fijar” al inmigrante sobre una comunidad evitando que la sobresaturación en unas comunidades pueda relajarse mediante el traslado a otras con menos densidad, lo que implica una nueva edición de las “dos Españas”: la España saturada de inmigrantes (con más del 10% del total) y la España con baja inmigración (menos del 10%).

– La cuestión del plazo de internamiento de ilegales.– Se extiende el internamiento de irregulares de 40 a 60 días… extremadamente lejos de los 180 días mínimos propuestos en la Directiva Europea. Al cabo de los 60 días, los ilegales sobe los que no haya podido establecerse su nacionalidad serán… puestos en libertad.

Esto implica mantener prácticamente la misma situación y legislar de espaldas a nuestros socios europeos. Se trata de un aumento del plazo de detención de apenas 20 días que no implica absolutamente nada esencial: acabado ese plazo, el ilegal deberá ser puesto en libertad sin ninguna restricción y empezará a contar el plazo para que pueda optar a la “regularización por arraigo”.

– La cuestión de la reagrupación familiar.– Se “limita” la reagrupación familias a los hijos menores de 18 años, a los mayores discapacitados o a los padres mayores de 65 años. Solamente se podrán realizar reagrupaciones cuando el inmigrante lleve 5 años en España. Sin embargo, en contrapartida, se extiende la reagrupación familiar a las parejas de hecho. Para colmo, la reagrupación familiar dará lugar a permiso de trabajo automático… con lo que el inmigrante reagrupado podrá pasar inmediatamente a ser “trabajador parado”.

Esto implica la “limitación” (a los hermanos, cuñados, etc.) se contrapesa con una “ampliación” a las parejas de hecho) con lo que cualquier inmigrante soltero “venderá” presumiblemente su estado civil, como mínimo a otro inmigrante (no importa el sexo) con el que afirme ser “pareja de hecho”…

– La cuestión de la violencia doméstica.– Cualquier extranjera que denuncie ser objeto de “violencia de género” pasará por este mismo hecho a ser inexpulsable y obtener autorización de residencia y trabajo aunque se trate de una inmigrante ilegal y no haya superado el período de tres años necesario para acogerse a la “regularización por arraigo”.

Esto implica que aumentarán las denuncias interesadas por “violencia de género” contra no importa quien a la vista de que ser objeto de la misma implicará necesariamente alcanzar un estatus de inexpulsabilidad.

– La cuestión de los menores.– Mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la “protección” a los menores inmigrantes no acompañados (cuyo número se ha disparado de forma espectacular en el último años provocando incluso la «saturación» de los centros de acogida). El Gobierno central creará un nuevo fondo para ayudar a las comunidades a sufragar la manutención de cada menor, que podría cifrarse «en torno a 80 euros» al día (2.400 al mes...) que se unirá a la
aportación realizada por la comunidad autónoma (con lo que el coste real de cada menor inmigrante para la sociedad española será de entre 3.500 a 4.000 euros al mes). Se da incluso la posibilidad de que un menor “acogido” por una comunidad autónoma pueda pasar a otra, siguiendo bajo la “protección” de la comunidad inicial por alejado que se encuentre. Se incluye el que las ONG puedan asumir la tutela de estos menores ilegales… para lo que será necesario aumentar sus subvenciones.

Esto implica que se producirá inevitablemente un “efecto llamada” para menores, especialmente magrebíes que, a partir de su llegada a España, se convierten también en inexpulsables. El Estado, en lugar de considerar que el derecho de todo menor es estar al lado de sus padres o, en su país de origen, los toma bajo su protección y les da el derecho (caprichosos) de pasar de una comunidad a otra, aumentando así su descontrol.

Por todo ello: las organizaciones firmantes rechazan la reforma de la Ley de Extranjería y la denuncian como peligrosa, superflua e inútil para resolver los graves problemas que la inmigración está planteando al pueblo español, a la Nación española y al Estado español.

III. Propuestas. La “reforma” necesaria y pendiente

Esta reforma de la Ley de Extranjería no solventará absolutamente ninguno de los problemas generados por la inmigración que hoy se reducen a tres:

- Existencia de unos excedentes de inmigración que superan con mucho las posibilidades de acomodo en el mercado laboral: como máximo, en este momento, la sociedad española necesita entre 1.000.000 y 1.250.000 inmigrantes. El resto distorsionan el mercado de trabajo y, al tener tendencia a vender más barata su fuerza de trabajo, perjudican a los trabajadores españoles.
- Lastre económico generado por la inmigración insoportable en tiempos de crisis: la inmigración se ha configurado como bomba aspiradora de recursos sociales, recibe mucho más de lo que da y no solamente no ha venido para “pagar las pensiones de los abuelos”, sino que actualmente está lastrando incluso las cuentas de la seguridad social.
- Desfiguración de la identidad española en beneficio de una sociedad multirracial y multicultural: la inmigración no se ha desparramado de forma homogénea por todo el territorio nacional sino que ha ido a confluir a determinadas zonas y dentro de esas zonas a determinados barrios, constituyéndose guetos con hasta el 75 o incluso el 80% de población inmigrante en donde el Estado Español, la cultura española, prácticamente han desaparecido.

La clase política ha aprobado una reforma que no tiene nada que ver con las necesidades reales de nuestro país en materia de inmigración, necesidades que se reducen a dos:

1) Contención de la Inmigración.– Lo que supone:

– Desactivar el “efecto llamada”: el inmigrante no llega ya en busca no ya de trabajo, sino simplemente de subsidios y disfrute de servicios que en su país no existen. Y este “efecto” proseguirá por mucho que se acentúe la crisis: los servicios sociales irrenunciables para el pueblo español son un sueño inalcanzable en todo el Tercer Mundo.
– Facilitar la expulsión inmediata al último país de salida: no se trata tanto de negociar con países remotos (a cambio de compensaciones económicas) la admisión de sus propios ciudadanos entrados ilegalmente en España, como de establecer una “cadena retorno” que envíe al inmigrante, no al país de origen, sino al último país que ha abandonado antes de llegar a España. Desde este punto de vista se evitaría el tener que confirmar la nacionalidad del inmigrante.
– Desalentar la inmigración: restringiendo los beneficios sociales a la asistencia primaria y sistematizando las expulsiones de ilegales, obviando la decisión judicial y reduciéndola a una medida puramente administrativa y automática: la llegada a España de manera ilegal debe implicar necesariamente la expulsión inmediata y la autorización de por vida a pisar territorio nacional.
– Modificar el “derecho de asilo”: restringiendo el asilo político solamente a aquellas personas que lo hayan solicitado en el consulado español más próximo a su país de origen y evitando así que un inmigrante ilegal enmascare su intención de venir desde las antípodas para beneficiarse de nuestro sistema de ayudas sociales, enmascarándose como “refugiado político”.

2) Repatriaciones masivas.– Lo que supone:
– Repatriación de inmigrantes que hayan cometido algún tipo de delito: en lugar de
regularizar a las víctimas reales o supuestas de violencia de género hubiera sido mucho más seguro y justo expulsar a los agresores; en lugar de sufrir un efecto llamada para delincuentes de todo el mundo, hubiera sido mucho más fácil expulsar a todo extranjero que hubiera delinquido en España tras la comisión del primer delito. Y, por supuesto, se trata de que, legal o ilegal, al salir de la cárcel, el delincuente extranjero sea expulsado inmediatamente y sin dilación.
– Repatriación forzosa de inmigrantes en paro de larga duración: medida que debe tender a recomponer el maltrecho mercado de trabajo español hasta recuperar unas dimensiones viables. En este momento, si existen 6.500.000 de inmigrantes (entre legales, ilegales, empadronados, no empadronados), existen 1.000.000 de ciudadanos de la UE, 1.450.000 de inmigrantes cotizantes a la SS, 500.000 inmigrantes que cobran el seguro de paro y 500.000 naturalizados, es evidente que existen en torno 2.000.000 de inmigrantes que deberían ser repatriados inmediatamente.

IV. Conclusiones

La democracia española afronta en estos momentos tres líneas de tensión:

1) La crisis económica, generada por el “ladrillazo” y veinte años de política económica irresponsable basada en el crecimiento fetichista del PIB en lugar de fundamentado en la creación de riqueza. Esta crisis tiene responsables: las patronales de la construcción y hostelería de un lado y la banca de otro.
2) La inmigración masiva que ha pulverizado el mercado de trabajo, saturado los servicios y alterado las constantes de la sociedad española, constituyendo hoy uno de los principales factores de aumento de la deuda pública y que es percibido por la población como fenómeno conflictivo.
3) La corrupción y la desvirtuación del sistema democrático español transformado en una partidocracia (poder de los partidos, frente a poder del pueblo español) y una plutocracia (poder del dinero), gestionada por una clase política degenerada y corrupta en detrimento de todos los que viven de su trabajo honesto.

O se afronta con valor y decisión estos tres problemas o la sociedad española tiene un negro futuro.

Pero la reforma no la realizarán aquellos que nos han llevado hasta este punto (la “banda de los cuatro”: PSOE, PP, CiU y PNV) sino que solamente es posible mediante el ascenso de nuevas fuerzas políticas y mediante la toma de conciencia de la sociedad española que hoy languidece entre la lucha por la supervivencia y el lavado de cerebro permanente operado por la telebasura y demás medios de comunicación que deben también su subsistencia a los subsidios públicos.

Por eso las organizaciones firmantes de este documento llaman a todos los españoles a sumarse activamente a la protesta:

- ¡Contra la reforma de la Ley de inmigración, por la contención de la oleada migratoria y las repatriaciones masivas!
- ¡Contra la crisis económica, contra la globalización y las operaciones de rescate de quienes han hecho posible la crisis (los bancos que han recibido ayudas públicas y las constructoras que se han visto beneficiadas con el Plan E)!
- ¡Contra la corrupción por un aumento de penas y el establecimiento de tribunales
especializados en la lucha contra esta lacra!

España 2000 – Frente Nacional
1 de noviembre de 2009